Son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. El concepto de derechos humanos tiene su antecedente más inmediato en la Declaración universal de los Derechos Humanos, hecha por la ONU el 10 de diciembre de 1948, que los aborda en 30 artículos.
Los derechos humanos se han clasificado de diferentes formas; una de ellas es la denominada Tres Generaciones, que se detalla en la tabla de la página anterior.
Desde el inicio del siglo XXI en todo el mundo se han expresado diferentes corrientes que pugnan por incluir nuevos temas relacionados con los derechos humanos, mismos que no están mencionados en la tabla. Algunos son especificaciones a los ya reconocidos, como otorgar la categoría de derecho a asuntos relacionados con los niños, las mujeres o las personas que presentan alguna discapacidad. Sin embargo, otros sí son de nuevo cuño, como los referentes a la equidad de género, a los indígenas, a trabajadores migrantes, a la violencia contra el medio ambiente o a las preferencias sexuales de las personas, entre otros.
Los derechos humanos son universales porque los gozan todas las personas sin distinción, al margen de su sexo, edad, posición social, filiación política o religiosa, origen familiar o condición económica; igualmente, son incondicionales porque sólo pueden limitarlos las normas que fijan los alcances de los propios derechos, o sea, que terminan donde comienzan los derechos de los demás o los de carácter comunitario; también son inalienables porque no pueden perderse ni transferirse por voluntad propia.
Hacer una evaluación del estado actual de los derechos humanos es un ejercicio necesario, pero el balance no es halagüeño. Las violaciones a los derechos humanos son una constante en todo el mundo. Acciones lesivas a los derechos laborales y políticos se presentan en forma recurrente en todos los países, incluso en los desarrollados, y muchas de estas situaciones se relacionan directa y estrechamente con las políticas económicas implantadas por los gobiernos de la mayoría de los países. Las acusaciones más frecuentes de ataques a los derechos de las personas apuntan hacia el Estado que, irónicamente, es el encargado de promover y vigilar el cumplimiento de las normas vigentes de protección a los derechos humanos, aunque también –por supuesto– las empresas privadas y distintos grupos sociales incurren en violaciones constantes a este respecto.
Los organismos que promueven la protección y el respeto a los derechos humanos han documentado violaciones perpetradas por la actuación de los cuerpos policiacos, militares y paramilitares, que recurren continuamente a la tortura y a la guerra de baja intensidad. En el ámbito de las actividades económicas se sabe que numerosas empresas trasnacionales recurren en forma sistemática, por ejemplo, al empleo de la mano de obra infantil y en los centros urbanos y turísticos hay participación de algunos menores de edad en la práctica de prostitución y pornografía. Además, debe tenerse en cuenta la reducción de oportunidades de ingreso a instituciones de educación básica y a la seguridad social para los sectores sociales más empobrecidos, limitaciones todas derivadas de la omisión del Estado en garantizar el acceso al goce de esos derechos.
