México es una república representativa, democrática y federal, integrada por 31 estados y el Distrito Federal. La forma de gobierno es presidencial. Tanto el Poder de la Federación como el de las 32 entidades federativas se ajusta al esquema clásico de división y separación de funciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
El Poder Ejecutivo recae en el presidente de la República, quien es elegido de manera directa y por sufragio universal de todos los ciudadanos mexicanos para servir durante un periodo de seis años. El presidente no puede ser reelegido. El Poder Ejecutivo de las entidades federativas también tiene carácter unitario; el de cada uno de los 31 estados se deposita en el gobernador y el del Distrito Federal en el jefe de Gobierno. Estos servidores también sirven durante un periodo de seis años y no pueden ser reelegidos.
El Poder Legislativo federal se deposita en el Congreso de la unión, el cual se integra por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Los legisladores sirven durante un periodo de tres años, excepto los senadores, cuyo periodo es de seis años.
El máximo órgano del Poder Judicial de la Federación es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se integra por 11 ministros designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado, a propuesta del presidente de la República. El Poder Judicial de cada una las 32 entidades federativas es encabezado por su respectivo tribunal superior de justicia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone de una serie de normas fundamentales para regular los procesos electorales federales y locales y con ello poder elegir al presidente de la República, a los diputados y a los senadores. Entre estas reglas destacan:
En esta dinámica, la geografía electoral juega un papel fundamental, pues ella determinará la configuración de las unidades territoriales electorales (circunscripciones, distritos y secciones) que sirven como base para la instrumentación de los procesos político-electorales locales y federales.
Un distrito es la delimitación del territorio en donde se asienta un determinado número de habitantes. Para que éste sea funcional en términos electorales, no debe sobrepasar el máximo de población permisible (390 093 habitantes) con objeto de no romper el equilibrio entre representantes y representados al efectuarse elecciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece redistritar cada vez que se realice un nuevo censo. Es indispensable mencionar que la cartografía electoral es dinámica, pues existen modificaciones en el número de habitantes debido a defunciones y a la población que al cumplir dieciocho años se incorpora al padrón electoral. Por ejemplo, en 1996 el Distrito Federal poseía 40 distritos electorales; en 2005, para la elección de 2006, le fueron suprimidos 13 con la readecuación distrital. Con esto queda claro que la relación entre la población y el territorio se debe analizar periódicamente.
Una sección es la fracción territorial de los distritos electorales para la inscripción de los ciudadanos en el catálogo general de electores, padrón electoral y listas nominales. Cada sección tiene como mínimo 50 electores y como máximo 1 500. Así, el país se divide en 63 811 secciones electorales, en las que se instalan alrededor de 134 000 casillas. una circunscripción es una región electoral que comprende a uno o a varios distritos electorales.
El presidente se elige por el principio de mayoría simple; triunfa el candidato que obtenga el mayor número de votos a nivel nacional. En cuanto a las diputaciones, éstas ocupan 500 lugares en la Cámara o Congreso del Estado mexicano, 300 de los cuales son diputados uninominales electos por mayoría simple y 200 que se atienen al porcentaje de votación obtenida por su partido en la circunscripción para la que fueron propuestos.
Los diputados, junto con el titular del Poder Ejecutivo, deciden los cambios a las leyes y la asignación de recursos para el gasto social. En pocas palabras, el rumbo de la administración pública de la nación. Es importante mencionar que los diputados, formalmente, asumen la representación popular como un contrapeso del poder presidencial, de manera que las propuestas de políticas económicas o sociales para aplicarse a la población mexicana deben ser presentadas a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión, ratificación, modificación, aprobación o rechazo, en la práctica los diputados actúan como les manda su partido o el coordinador de la "bancada", en otros casos son contactados por diversas empresas que buscan orientar las decisiones, para su beneficio.
Hasta los años setenta del siglo XX, la representación de los ciudadanos fue asumida prácticamente por un solo partido político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este partido político, desde su fundación en 1929, siempre ganó tanto las elecciones presidenciales como las de diputados y senadores. Como todos sus candidatos militaban en el mismo partido, las iniciativas enviadas por el presidente eran aprobadas por la mayoría de diputados priistas y ratificadas por el Senado, prácticamente sin discusión alguna. Esta situación ofrecía una imagen antidemocrática del país. Hoy existen varios partidos políticos y entonces, para incluir a los partidos de oposición en la Cámara y ofrecer una imagen democrática, se instituyó la figura de diputados por representación proporcional. De esa manera se garantizó que los partidos con menos votos que el partido hegemónico, también estuvieran representados y discutieran las iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo.
En este escenario se han aprobado reformas a la Constitución para legalizar la inversión de capital extranjero en la explotación de los recursos naturales, antes considerados como estratégicos; la venta de empresas estatales tan rentables como Teléfonos de México; la venta de los principales bancos, que llegaron a ser propiedad estatal; la venta de empresas como la siderúrgica Las Truchas; las reformas a las instituciones de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el fin de suprimir el régimen de pensiones que aseguraba el futuro de los ciudadanos que ya no pueden emplearse y desarrollar un trabajo. Todo lo anterior expresa la falta de implementación de las políticas sociales de protección a la sociedad y de la conducción de la economía nacional por el Estado mexicano, al aplicar las políticas del neoliberalismo económico, recomendadas por los poderes supranacionales. Esta situación impulsa a un proceso de periferización de la economía como resultado de la globalización económica. Las citadas reformas han sido aprobadas por la Cámara de Diputados a nombre de la población que les dio su voto para que velaran por los intereses de todos.
